El PSOE y CiU, con el respaldo del PNV y Coalición Canaria, han introducido una modificación de última hora a la Ley de Memoria Histórica que abre la vía para que la retirada de símbolos franquistas y la posible anulación de subvenciones a quien no cumpla esa norma no se aplique a las iglesias. El texto ha quedado aprobado por el Pleno del Congreso y pasa ahora al Senado.
Esta enmienda transaccional es el único cambio significativo que el Pleno introdujo al dictamen que salió de la Comisión Constitucional el pasado 17 de octubre.
De este modo, el dictamen que el Consejo de Ministros aprobó el 28 de julio de 2006 pasará al Senado después de ser negociado y enmendado en la Cámara Baja por el PSOE, IU-ICV, CiU, PNV y los partidos integrados en el Grupo Mixto, pero con el firme rechazo de PP y ERC.
Esta enmienda transaccional es el único cambio significativo que el Pleno introdujo al dictamen que salió de la Comisión Constitucional el pasado 17 de octubre.
De este modo, el dictamen que el Consejo de Ministros aprobó el 28 de julio de 2006 pasará al Senado después de ser negociado y enmendado en la Cámara Baja por el PSOE, IU-ICV, CiU, PNV y los partidos integrados en el Grupo Mixto, pero con el firme rechazo de PP y ERC.
Tal y como estaba previsto la Ley de Memoria Histórica ha quedado aprobada en la Cámara Baja con las únicas oposiciones del PP y ERC. El portavoz parlamentario del Grupo Popular, Eduardo Zaplana, ha vuelto a acusar al Gobierno de "quebar el consenso político de la Transición y de hacer de la Guerra Civil un argumento de propaganda política".
A pesar de su oposición, el PP ha votado a favor de siete preceptos del dictamen, los mismos que apoyó en la Comisión Constitucional, entre ellos los referidos a la "despolitización" del Valle de los Caídos y a las ayudas a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, informa Efe.
A pesar de su oposición, el PP ha votado a favor de siete preceptos del dictamen, los mismos que apoyó en la Comisión Constitucional, entre ellos los referidos a la "despolitización" del Valle de los Caídos y a las ayudas a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, informa Efe.
Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Tardá, ha dejado clara su oposición al texto al considerar que con el mismo el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, "ha condenado a una segunda muerte a las víctimas del franquismo".
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, fue la encargada de abrir el debate en el Pleno del Congreso con una intervención en la que insistió en que la esencia de la norma es el reconocimiento y ampliación de derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y la recuperación individual de su memoria personal y familiar.
De la Vega ha remarcado que no hay "ni una sola línea" de la Ley de Memoria Histórica que no pueda ser respaldada por "cualquier demócrata" porque todos sus artículos responden a principios que "todos podemos compartir". Según la vicepresidenta, todos los grupos parlamentarios deberían "estar en condiciones de encontrarse" en la esencia de la Ley.
Cambios sobre el texto inicial
La principal novedad introducida en el trámite plenario es la enmienda transaccional para introducir al texto una tercera excepción a la retirada de símbolos franquistas. Si antes se eximía de cumplimiento por motivos "artísticos" y "arquitectónicos", ahora introducen también "razones artístico-religiosas". La enmienda fue presentada ante el Pleno del Congreso por el ponente de CiU, Jordi Xuclá. El PP no la respaldó.
Además de estas excepciones, la ley establece que la retirada de símbolos, escudos, insignias y placas "no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados".
Tras su tramitación en el Congreso de los Diputados, el proyecto presentado por el Gobierno ha sufrido varias modificaciones. El "derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento" previsto por el proyecto de ley se convierte en una declaración de "ilegitimidad" de los tribunales y las sentencias.
Además, la exposición de motivos acordada en las negociaciones incluye la "condena al franquismo" contenida en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmada en París el 17 de marzo de 2006, en el que se denunciaron las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en España entre 1939 y 1975.
La Comisión Constitucional introdujo además al informe de la ponencia una enmienda transaccional que permitirá adquirir la nacionalidad española a los nietos de quienes la perdieron por el exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura.
En cuanto a las medidas para la identificación y localización de cadáveres, el Gobierno elaborará un protocolo de actuación científica y multidisciplinar, se pondrá a disposición de todos los interesados mapas en los que consten los terrenos en que se localicen restos de estas personas y se dotarán de una protección especial.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, fue la encargada de abrir el debate en el Pleno del Congreso con una intervención en la que insistió en que la esencia de la norma es el reconocimiento y ampliación de derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y la recuperación individual de su memoria personal y familiar.
De la Vega ha remarcado que no hay "ni una sola línea" de la Ley de Memoria Histórica que no pueda ser respaldada por "cualquier demócrata" porque todos sus artículos responden a principios que "todos podemos compartir". Según la vicepresidenta, todos los grupos parlamentarios deberían "estar en condiciones de encontrarse" en la esencia de la Ley.
Cambios sobre el texto inicial
La principal novedad introducida en el trámite plenario es la enmienda transaccional para introducir al texto una tercera excepción a la retirada de símbolos franquistas. Si antes se eximía de cumplimiento por motivos "artísticos" y "arquitectónicos", ahora introducen también "razones artístico-religiosas". La enmienda fue presentada ante el Pleno del Congreso por el ponente de CiU, Jordi Xuclá. El PP no la respaldó.
Además de estas excepciones, la ley establece que la retirada de símbolos, escudos, insignias y placas "no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados".
Tras su tramitación en el Congreso de los Diputados, el proyecto presentado por el Gobierno ha sufrido varias modificaciones. El "derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento" previsto por el proyecto de ley se convierte en una declaración de "ilegitimidad" de los tribunales y las sentencias.
Además, la exposición de motivos acordada en las negociaciones incluye la "condena al franquismo" contenida en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmada en París el 17 de marzo de 2006, en el que se denunciaron las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en España entre 1939 y 1975.
La Comisión Constitucional introdujo además al informe de la ponencia una enmienda transaccional que permitirá adquirir la nacionalidad española a los nietos de quienes la perdieron por el exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura.
En cuanto a las medidas para la identificación y localización de cadáveres, el Gobierno elaborará un protocolo de actuación científica y multidisciplinar, se pondrá a disposición de todos los interesados mapas en los que consten los terrenos en que se localicen restos de estas personas y se dotarán de una protección especial.
Fuente:El Mundo
